OAXACA.— En una sesión nocturna celebrada este viernes, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó por mayoría calificada la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. La decisión se tomó luego de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como «Quetu», a quien las autoridades vinculan con el grupo criminal «Los Cromos», célula operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con 35 votos a favor, el Pleno del Congreso local decretó la disolución del gobierno municipal, abriendo el paso para la designación de un encargado temporal que asuma la administración de la localidad.
La medida legislativa derivó de una solicitud formal realizada horas antes por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien instruyó a la Secretaría de Gobierno estatal tramitar la petición ante el Poder Legislativo. «Hemos estado presentes con las fuerzas de seguridad. En los próximos días vamos a incrementar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal», señaló el mandatario estatal durante el anuncio.
Extorsión, espionaje y tráfico de migrantes
La captura de Sánchez Altamirano se concretó el pasado 23 de septiembre en un operativo donde también fue arrestado Alberto “N”, alias “La Parca”. Un día después, las autoridades aprehendieron a John Keny Moreno, excomisionado de la policía municipal, señalando a los tres de formar parte de la estructura operacional de «Los Cromos».
Actualmente, «El Quetu» y «La Parca» se encuentran ingresados en un penal federal, donde enfrentan cargos por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Según los avances de las investigaciones ministeriales, el ahora exalcalde no solo utilizaba su posición para brindar protección al grupo delictivo, sino que presuntamente facilitaba a la organización criminal el acceso al sistema de cámaras de videovigilancia municipal para alertarlos sobre operativos policiales y militares. Asimismo, la fiscalía lo señala por presuntamente coordinar el cobro de piso a comerciantes y empresarios de la región, e integrar una red de protección dedicada al tráfico ilegal de migrantes en la zona del Istmo de Tehuantepec.