CIUDAD DE MÉXICO — El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejerza su facultad de atracción e investigue los homicidios de comunicadores registrados este año en el país, periodo que la organización califica como uno de los más mortíferos de la última década.
La solicitud del organismo internacional responde a una racha de seis asesinatos de periodistas en lo que va de 2026 —cinco de ellos ocurridos en un lapso de poco más de dos meses— en estados como Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero. El CPJ advierte que la respuesta no puede quedar únicamente en manos de las fiscalías locales, dados los altos índices de impunidad y la presunta participación de servidores públicos en al menos dos de los expedientes recientes.
Fallas y opacidad en el Mecanismo de Protección
Uno de los puntos centrales del reclamo apunta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Aunque el programa resguarda actualmente a cerca de 500 comunicadores, la Segob no ha publicado cifras oficiales sobre su operación en 2025 y 2026.
A esta falta de transparencia se suma una alta tasa de rechazo a las solicitudes de ingreso. Andrés Solís, integrante del consejo consultivo del propio Mecanismo, estimó que cerca del 80 % de las peticiones presentadas por periodistas y defensores son denegadas, lo que para el CPJ representa un alarmante incremento respecto a años anteriores.
Ante esta situación, la organización urgió a:
- Fortalecer las medidas de seguridad: Garantizar un acceso real y efectivo al programa de protección federal para comunicadores en riesgo.
- Coordinación fehaciente: Evitar que los casos queden estancados a nivel estatal mediante un trabajo conjunto entre la Federación y los estados.
- Atracción de casos clave: Recordó que la FGR cuenta con sustento legal para intervenir, citando como antecedente las sentencias logradas a nivel federal por los homicidios de los periodistas Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas en 2017.
Impunidad estructural
El CPJ subrayó que la falta de justicia es el principal catalizador de los ataques contra la prensa. México se mantiene entre las diez naciones con peor desempeño en el Índice Global de Impunidad de la organización, sumando 166 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde 1992. En 97 de esos casos no se logró determinar si el crimen estuvo ligado al ejercicio profesional debido a deficiencias en las indagatorias.
En este contexto, Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, instó al Gobierno Federal a actuar con contundencia: “Tienen la oportunidad de prevenir nuevos actos de violencia, proteger a los comunicadores y comprometerse de lleno a garantizar la libertad de prensa”.
Asimismo, Hootsen dirigió el mensaje a la administración actual: “La presidenta Claudia Sheinbaum puede optar por romper el ciclo de violencia e impunidad que definió la relación de sus antecesores con la prensa”, concluyó, al señalar la ausencia de un plan federal específico frente a la reciente ola de homicidios.