- Impunidad y tecnología: Pese al endurecimiento de penas de hasta 25 años de cárcel, el delito mantiene una tendencia al alza en la capital.
- Modus operandi: Redes criminales reclutan a notarios falsos y funcionarios corruptos para falsificar documentos y suplantar identidades.
- Zonas críticas: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo concentran el mayor número de casos.
CIUDAD DE MÉXICO.— El delito de despojo en la Ciudad de México se ha afianzado como una de las problemáticas criminales que las autoridades capitalinas no han logrado frenar. Tan solo en los primeros seis meses del año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contabiliza 1,923 carpetas de investigación, confirmando una preocupante continuidad en la incidencia de esta actividad ilícita.
De acuerdo con datos del gabinete de seguridad capitalino, el problema se concentra principalmente en cuatro alcaldías: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, zonas donde operan grupos delincuenciales altamente estructurados.
La profesionalización del despojo
En entrevista José Eugenio Castañeda, notario público e integrante del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, advirtió que los grupos criminales han «profesionalizado» su operación. Para apoderarse ilícitamente de los inmuebles, recurren al uso de tecnología avanzada para falsificar documentos, la suplantación de identidad y la simulación de contratos de compraventa.
Sin embargo, el esquema no opera aislado. Castañeda detalló que estas bandas cuentan con el apoyo de notarios falsos y la complicidad de malos funcionarios incrustados en instituciones clave como el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como en el Archivo General de Notarías.
«La delincuencia está empleando la tecnología para falsificar. Por eso le decimos a la gente que, antes de dar un anticipo o adelantarse a cualquier cosa, acuda con un notario para verificar si los documentos son auténticos», señaló Castañeda, destacando que muchas de estas consultas iniciales son gratuitas o de bajo costo.
Las propiedades más vulnerables ante este delito suelen ser aquellas que se encuentran abandonadas, desocupadas, inmuebles de migrantes que radican en el extranjero o propiedades cuyos herederos se encuentran en disputas legales.
Tendencia al alza e insuficiencia de las reformas
La crisis actual da continuidad a un patrón delictivo que no ha cedido en los últimos años. El año 2024 cerró con 3,643 carpetas de investigación, mientras que en 2025 se registró un repunte operativo que rozó las 4,000 denuncias.
Frente a esta crisis, el Congreso de la Unión y el Congreso de la Ciudad de México aprobaron en noviembre pasado reformas legales para endurecer los castigos, fijando penas máximas de hasta 25 años de prisión e incrementando las agravantes, especialmente cuando se ejerce violencia para ingresar a los predios. No obstante, las bandas criminales continúan operando con un alto índice de impunidad.
En el plano de la atención ciudadana, César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, informó que tan solo durante el mes de junio se brindaron 273 atenciones vinculadas a este delito, divididas en 91 asesorías, 92 atenciones presenciales y 90 telefónicas.
‘Escudo Protector’: la estrategia del gremio notarial
Ante el embate delictivo, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México implementó la estrategia denominada «Escudo protector», un conjunto de medidas preventivas diseñadas para blindar el patrimonio familiar.
Entre los protocolos de este programa destacan:
- Verificación rigurosa de la identidad de las partes involucradas.
- Revisión de la situación jurídica y registral del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad.
- Confirmación de que la propiedad no cuente con embargos, hipotecas ni juicios pendientes.
Finalmente, el notario Eugenio Castañeda hizo un llamado a la ciudadanía para derribar el mito de que acudir a una notaría es inaccesible. «Mucha gente tiene la percepción de que ir al notario es muy caro y eso frena la confianza, pero es una falacia porque existen programas de descuentos en coordinación con el gobierno», concluyó.