CIUDAD DE MÉXICO. — El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
El líder del tricolor solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses la revisión de las acciones de los funcionarios electorales con el objetivo de que se les apliquen sanciones económicas y la restricción de entrada a territorio norteamericano.
“Desde el PRI vamos a defender nuestra libertad de expresión y utilizaremos todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que está sucediendo”, indicó.
La acción legal se interpuso al amparo de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense vigente desde 2012 que faculta a Washington para sancionar a personas extranjeras vinculadas con actos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos.
Moreno Cárdenas justificó la medida al argumentar un alegado sometimiento del órgano electoral mexicano frente al gobierno federal. “En México tenemos un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición”, aseveró a través de sus redes sociales.
Para respaldar la procedencia de la solicitud, el dirigente citó el antecedente del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por la administración estadounidense bajo argumentos de persecución política y restricciones a la libertad de expresión. “Ese antecedente demuestra que las autoridades estadounidenses ya han utilizado sus herramientas para responder frente a conductas que consideran graves afectaciones a la libertad de expresión”, señaló.
Finalmente, el presidente del PRI advirtió que esta medida forma parte de una estrategia internacional más amplia, por lo que anticipó la presentación de denuncias adicionales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).