• 5 de junio de 2026 15:26

En Baja California cártel inmobiliario opera bajo expedientes laborales de CDMX desarchivados para despojar propiedades

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Por: Alejandra Arreola


Tijuana, Baja California.-  En Tijuana, Baja California señalan que hubo un despojo de 47 hectáreas por un acta de embargo laboral girada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje No. 4 de expediente 338/2009, en el cual falsificaron el documento y cambiaron al actor y demandado, así como el monto del embargo para preparar el apoderamiento ilegal mediante despojo de una superficie de 3.5 hectáreas ubicadas en bulevar García esquina con Rampa Colinas de California., así lo manifestó el Licenciado Vicente Piña García en representación de los afectados y señaló directamente a Erika Miroslava Limón Enciso,  en conferencia de prensa argumentó que hubo tráfico de influencias de la administración estatal y federal.

El Licencicado Vicente Piña a nombre de sus representados presentó una relatoría jurídica del despojo que sufrieron los señores Juan González Vaca y Ramiro González Vaca, José Luis Pérez, y Margarita Badillo, en dicha relatoría narra que presuntamente se visibilizan delitos de carácter penal, ya que durante la investigación del informe de autoridad que requirió el Juez Décimo Cuarto de Distrito con residencia en Tijuana, Baja California a la Junta Local No. 4 de la Ciudad de México se pudo demostrar la falsificación de documentos federales., esto bajo el expediente 4335/2024 relativo a un Juicio de Amparo Indirecto que deriva la supuesta acta de embargo del expediente 338/2009 emitido en fecha 8 de agosto de 2023 por el servidor público Lic. Juan Monroy Jiménez, presidente de la Junta Especial No. 4., dichos documentos  presentados por José Luis Salcedo Barrón que en coparticipación con la señalada Erika Miroslava Limón Enciso usaron los documentos falsos para despojar a los propietarios mediante la inscripción del acta de embargo apócrifa ante el Registro Público de la Propiedad en Baha California bajo partida 6334340 de fecha de inscripción 5 de septiembre de 2023.

Vicente Piña hizo un exhorto a las autoridades involucradas a que esta afectación no quede en la impunidad en el próximo mes de julio que será la audiencia donde un juez emitirá su sentencia respecto a lo denunciado.

Durante la atención a representantes de medios de comunicación el Lic. Vicente Piña señaló que en Tijuana opera otra célula criminal y la señala como cártel inmobiliario donde opera como autor intelectual la señora Erika Miroslava Enciso Limón auxiliada en operación delictuosa con los de nombre; Carlos Urbina, Ignacio Israel García de la Rosa (alias “Delta 1”), Rubén García de la Rosa (apoderado legal del “Cártel Inmobiliario”), Licenciado en derecho. José París Rincón Avena (alias “El París” (esposo de funcionaria pública adscrita a FGR Delegación Tijuana)), JR Enciso (hijo de Erika Limón), Jesús Marín, el cano (funcionario sindical de CTM) y demás servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno a quien en el momento procesal oportuno se les fincará denuncia correspondiente.

 Con lo anteriormente expuesto, y bajo protesta de decir verdad, hicieron conocimiento  que Erika Miroslava Enciso Limón (alias Erika Limón), ha manifestado verbalmente en diversas reuniones públicas que cuenta con el apoyo de la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar, de su exesposo Carlos Torres Torres  y de todas las autoridades en función para cometer los acto delictivioss, así mismo, señalaron que Erika Limón ha manifestado que la ejecutiva estatal ordena al Director del RPPC estatal Lic. Carlos  Murguía Mejía, para que ejecute certificados de inscripción, actas de embargo, bloqueo de partidas, teniendo el conocimiento que son documentos falsos.

Los afectados solicitan que haya justicia en la defensa de su patrimonio y en las acciones legales mediante denuncias, querellas, demandas civiles, quejas administrativas y seguimientos judiciales .

Por último, Vicente Piña convocó a quienes han comprado o se encuentren en el proceso de compra-venta de un terreno en Colinas de la Presa frente a la tienda A precio acudan a la Fiscalía a interponer sus denuncias por fraude y se protejan legalmente, porque una vez ganado el juicio serán desalojados y los habrá culpables tendrán que reparar el daño.


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