AGENCIAS.- El gobierno de Estados Unidos anunció una escalada en su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que ha designado formalmente como “organización terrorista extranjera”. La estrategia incluye nuevos encausamientos judiciales contra cúpulas del grupo criminal, recompensas millonarias para su captura, la revocación de visas a socios y familiares, y una advertencia directa de persecución transfronteriza.
En conferencia de prensa desde el Departamento de Justicia, el procurador general interino, Todd Blanche, informó sobre un nuevo encausamiento contra cinco líderes de la estructura criminal: Julio Alberto Castillo Rodríguez («El Chorro»), Hugo Mendoza Gaytán («El Sapo»), Ricardo Ruiz Velasco («El Ruiz»), Julio César Montero Pinzón («El Tarjetas») y Carlos Andrés Rivera Varela («La Firma»).
A estos se suman los cargos criminales presentados previamente contra otros tres operadores clave, entre ellos Juan Carlos Valencia González («El Pelón»), identificado como el jefe máximo del cártel e hijastro del fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho»; Audias Flores Silva («El Jardinero»); y Francisco Javier Gudiño Haro («La Gallina»).
Recompensas millonarias y presión financiera
El Departamento de Estado estableció una bolsa superior a los 100 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a la captura de los ocho líderes y socios principales del CJNG. Entre las cifras destaca un incremento a 25 millones de dólares por la captura de «El Pelón», además de dos millones de dólares ofrecidos por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
Paralelamente, el gobierno estadounidense impuso restricciones de visado a 65 individuos, señalados como familiares o colaboradores cercanos de la red de liderazgo del cártel.
Además de los delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas, la fiscalía estadounidense reveló que tres de los ocho acusados enfrentan cargos por un fraude valuado en 400 millones de dólares que afectó a unas 6,000 personas en Estados Unidos —en su mayoría adultos mayores— a través de esquemas de condominios de tiempo compartido.
Advertencia contra la corrupción gubernamental
Durante el posicionamiento oficial, las agencias de seguridad de Estados Unidos —incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA)— enfatizaron que el poder del CJNG se sostiene mediante la violencia y la corrupción en México.
Terry Cole, administrador de la DEA, calificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva” y acusó directamente a sectores del gobierno mexicano de proteger a los mandos del cártel, facilitar el lavado de dinero y blindar las operaciones de la organización. Cole advirtió que la campaña punitiva contra el liderazgo criminal y los funcionarios coludidos «apenas inicia», sentenciando que ningún título o conexión política podrá servir de escudo.
Por su parte, el procurador general asistente A. Tyson Duva resaltó los golpes propinados por la actual administración estadounidense contra las estructuras del narcotráfico, citando las condenas de Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín «El Chapo» Guzmán, así como la ejecución de más de 200 extradiciones y expulsiones desde el inicio de la administración de Donald Trump.
A pesar de la marcada ausencia inicial de referencias a la colaboración bilateral durante las exposiciones principales, el administrador de la DEA confirmó posteriormente ante los cuestionamientos de la prensa que la comunicación se mantiene constante con las autoridades mexicanas, destacando en particular su relación operativa con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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