TECÁMAC, Estado de México.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha iniciado una investigación de oficio tras darse a conocer el sacrificio de aproximadamente 10 mil perros en el Centro de Control y Bienestar Animal del municipio de Tecámac. Los hechos habrían ocurrido a lo largo de los seis años en los que la actual senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, fungió como alcaldesa de la demarcación.
La indagatoria busca determinar si estas acciones constituyen un delito de maltrato animal, el cual está tipificado en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México. Dicha legislación sanciona a quien cause la muerte a cualquier animal que no sea considerado plaga, agravándose la pena bajo el artículo 235 Ter cuando el ilícito es cometido por servidores públicos encargados del manejo de fauna. De comprobarse la responsabilidad, los implicados podrían enfrentar hasta seis años de prisión.
El origen de la denuncia
El caso salió a la luz pública tras la difusión de un video captado el pasado 20 de octubre, durante una inspección realizada al Centro de Bienestar Animal por personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).
En el material audiovisual, se observa a la senadora Mariela Gutiérrez admitir el sacrificio de más de dos mil 500 animales bajo el argumento de controlar la sobrepoblación. “Y sí, no lo negamos, se han tenido que sacrificar animales; no los estamos matando, está en la norma oficial mexicana”, justificó la legisladora, asegurando que esta práctica fue informada en su momento durante sus informes de gobierno.
No obstante, la activista animalista Zyanya Polastri, quien hizo público el video, sostiene que la cifra real de sacrificios durante el sexenio de Gutiérrez Escalante asciende a 10 mil canes, cifra que fue confirmada posteriormente por la propia senadora en una conferencia de prensa desde la sede del Senado de la República.
Irregularidades en el procedimiento
La inspección de Propaem y Cepanaf puso en evidencia una serie de irregularidades, entre las que destaca la falta de diagnósticos clínicos previos a los sacrificios y la ausencia de capacitación del personal encargado. Adicionalmente, activistas han denunciado que los restos de los animales eran desechados en bolsas negras para basura, sin los protocolos sanitarios adecuados.
Durante la visita documentada, también se observa a Gutiérrez ordenar a su equipo que fotografiara a los servidores públicos estatales, advirtiéndoles que las grabaciones de la inspección no debían ser difundidas ni entregadas a los medios de comunicación.
Ante la gravedad de los hechos, colectivos de protección animal han exigido a las autoridades que se deslinden responsabilidades penales contra quienes resulten implicados, señalando la falta de pruebas que demuestren que los animales sacrificados padecieran enfermedades incurables que justificaran la medida.