AGENCIAS.- Tras un cateo a dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró documentos presuntamente relacionados con una red de contrabando de combustible en la que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

En un mensaje en video, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que en el inmueble fueron asegurados “pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos” que, aseguró, permitirán abrir nuevas líneas de investigación.

Los documentos, explicó, “darían cuenta de la simulación ejecutada por los presuntos integrantes de la red criminal”; además, las autoridades ministeriales y federales decomisaron archivos supuestamente relacionados “con otros esquemas delictivos”, también bajo investigación de la FGR.

“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes, sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada”, agregó la fiscal, en referencia a la empresa Ingemar S.A. de C.V. investigada por presuntas operaciones de contrabando de combustible en las que estarían involucradas 25 personas, entre ellas Ernesto Rufo.

El pasado 22 de julio, la hija del exgobernador, Verónica Ruffo Sánchez,denunció que la FGR le impidió ingresar a una bodega de Ingemar en la Ciudad de México, donde, según explicó a El Universal, se encontraban documentos para preparar su defensa legal.

“El día de hoy en la mañana, cuando íbamos a una bodega a recoger documentos resguardados por mi papá, había gente por parte de la fiscalía negando el acceso a la bodega. La fiscalía obstruye a la defensa y la información”, declaró. Sin embargo, se desconoce si se trata del mismo inmueble cateado por la FGR.

Por otra parte, respecto a la situación del exmandatario, quien permanece recluido en el penal de “El Altiplano”, ubicado el Estado de México, Godoy Ramos señaló que, hasta ahora, la FGR no ha recibido alguna petición formal de la defensa legal para que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida en prisión domiciliaria.

“En cambio, tenemos información que en su internamiento se garantizan todos los cuidados de salud con los que debe contar y se respetan cabalmente sus derechos”, sostuvo la fiscal general, al advertir que “donde haya impunidad, habrá investigación”, y que “donde haya crimen, habrá consecuencias”.