Ciudad de México.— En un fallo histórico tras más de dos años de litigio, la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso severas sanciones a tres ex altos mandos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su responsabilidad directa en el desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
Los magistrados María Ozana Salazar, Luis Ángel López Vera y Jesús Omar Sánchez Sánchez determinaron que los implicados deberán pagar una reparación del daño que asciende a 261 millones 211 mil 579 pesos. Asimismo, se les dictó una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Los exfuncionarios señalados son:
- René Gavira Segreste: Exdirector de Segalmex.
- Oliverio Pérez Santoyo: Exgerente de Operaciones.
- Miguel Carrillo Villarreal: Exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos.
El «modus operandi»: Contratos sin mercancía
La sentencia acredita que los hoy sancionados aprobaron contratos para la presunta adquisición de granos básicos; sin embargo, no existe registro alguno que compruebe que los cargamentos fueron entregados. Esta simulación de compras quedó documentada en el oficio 08-OIC-SEGALMEX-TAR-045-2024, el cual fue clave para desarticular la defensa de los exdirectivos.
«Se acreditó la responsabilidad de los exfuncionarios tras un proceso que inició en enero de 2024 ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales del TFJA», señalaron las autoridades judiciales.
Un historial de irregularidades
Este fallo administrativo representa solo una arista de los problemas legales que enfrenta René Gavira Segreste. El exdirector se encuentra bajo diversos procesos penales por la firma de contratos irregulares que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), generaron un desfalco total estimado en más de 12 mil 500 millones de pesos durante el periodo 2018-2020.
Con esta resolución, el TFJA busca sentar un precedente en la fiscalización de los recursos destinados a la soberanía alimentaria del país, castigando la falta de transparencia en uno de los organismos más señalados por corrupción en la historia reciente.