Tijuana.- La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, dio a conocer que la dependencia a su cargo, mantiene dos investigaciones administrativas relacionadas con el actuar del funcionario municipal Erik Enrique Lazcano Portillo, ambas vinculadas con posibles irregularidades en el ejercicio de sus atribuciones y señaladas bajo la figura de abuso de funciones, conducta considerada como grave.

Los procedimientos tienen como antecedente actuaciones relacionadas con obras y trámites administrativos dentro del desarrollo habitacional conocido como Up Town, ubicado en el área de El Mirador de La Mesa, y derivan de señalamientos realizados por particulares respecto del actuar del servidor público en el ejercicio de sus funciones.

Uno de los expedientes corresponde a una investigación derivada de una denuncia en la que se cuestionó la actuación del funcionario municipal respecto de un oficio relacionado con una sobreposición catastral, así como posibles omisiones vinculadas con elementos de la obra, entre ellos la alberca y otras amenidades del desarrollo.

Dentro de este caso, los señalamientos se centran en determinar si el servidor público actuó dentro del ámbito de las atribuciones que legalmente le corresponden o si, por el contrario, pudo haber realizado u omitido actuaciones que excedieran sus facultades.

El segundo procedimiento corresponde a la investigación iniciada a partir de una denuncia relacionada con una prórroga de licencia de construcción emitida el 8 de junio de 2026 por el funcionario señalado, para una obra habitacional.

La investigación refiere que, al momento de emitirse dicha prórroga, existían circunstancias relacionadas con daños a inmuebles colindantes y con una resolución emitida por un juez del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Tijuana.

De acuerdo con el documento, dicha resolución tenía como finalidad restituir provisionalmente a la moral responsable la posibilidad de ejecutar trabajos estrictamente indispensables para la estabilización del terreno y la construcción o conclusión del muro de contención, sin que ello implicara autorizar la continuación general del proyecto habitacional, la construcción de viviendas, la urbanización, movimientos de tierra adicionales u otras actividades distintas a las necesarias para la estabilización y contención del terreno.

La propia investigación establece que la conducta atribuida al servidor público fue calificada como falta administrativa grave, prevista en el artículo 57, relativa al abuso de funciones. De igual manera, dentro del procedimiento se solicitó como medida cautelar la suspensión temporal del servidor público señalado como presunto responsable.

Con estos dos expedientes, la Sindicatura Procuradora investiga de manera independiente actuaciones atribuidas al funcionario municipal para determinar si existió un ejercicio indebido de las facultades conferidas a su cargo, por lo que la falta que se atribuye al probable responsable, es que otorga la prórroga para la licencia en términos generales, es decir, que continúe la construcción, siendo omiso a las disposiciones del juez y de la Dirección de Protección Civil.

Es importante precisar que la existencia de una investigación administrativa no implica, por sí misma, que el servidor público haya sido declarado responsable, precisar que corresponde a la sindicatura procuradora resolver las faltas administrativas no graves, cuando el impulso de una investigación determina una falta como grave la sindicatura procuradora dará vista al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y corresponderá a las autoridades competentes desahogar las investigaciones, valorar las pruebas y determinar lo que conforme a derecho proceda.