- La revisión del órgano auditor abarcará al INE, a Organismos Públicos Locales (OPLEs), funcionarios y empresas proveedoras.
- Las indagatorias derivan de revelaciones periodísticas sobre triangulación de fondos y ligas entre colaboradores de Guadalupe Taddei y contratistas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras detectar indicios de presunto uso indebido de recursos públicos, irregularidades en contrataciones, triangulación de fondos y posibles conflictos de interés que involucran a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y a su entorno cercano.
A través de un comunicado, la ASF informó que las revisiones se llevarán a cabo con «absoluta independencia, objetividad y rigor técnico». Asimismo, precisó que las pesquisas no se limitarán al órgano electoral central, sino que se extenderán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como a servidores públicos y empresas proveedoras involucradas.
Red de proveedores y colaboradores en la mira
La acción del órgano fiscalizador surge a raíz de una serie de investigaciones periodísticas que expusieron presuntas anomalías en la administración interna del INE. Entre los hallazgos destaca la situación de Jonathan Navarrete Torres, quien figuraba en la nómina institucional como chofer asignado a Guadalupe Taddei, al mismo tiempo que se desempeñaba como apoderado legal de Corporativo Zeg, firma proveedora del instituto.
Corporativo Zeg integra un conglomerado de seis empresas encabezadas por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, grupo que ha obtenido diversos contratos públicos con el organismo electoral.
Las pesquisas también señalan a Octavio García González —quien fungió hasta abril pasado como director de Administración del INE bajo la gestión de Taddei—, identificado como representante legal de varias de las compañías pertenecientes a dicho grupo corporativo.
La ASF dará seguimiento al entramado de contrataciones para deslindar responsabilidades administrativas o penales sobre la posible red de colusión entre funcionarios e iniciativa privada.