CIUDAD DE MÉXICO.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Con este nuevo recurso, presentado el pasado 28 de agosto, el órgano fiscalizador suma ya cinco denuncias penales que acumulan un presunto daño al erario por 749.4 millones de pesos.
El expediente más reciente corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2022, donde la ASF detectó irregularidades en la gestión de subsidios por un monto de 283 millones de pesos. Esta acción penal se suma a las querellas previas interpuestas por inconsistencias detectadas en los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2022.
Irregularidades en subsidios y eventos deportivos
De acuerdo con la auditoría realizada, funcionarios de la Conade autorizaron la comprobación de gastos a diversos organismos deportivos estatales y nacionales sin que existiera evidencia documental de la entrega de bienes o la prestación de los servicios contratados. Entre los hallazgos con mayores afectaciones destacan:
- Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California: Probable daño de 67.3 millones de pesos por falta de acreditación de bienes y servicios pagados a 22 proveedores.
- Federación Mexicana de Taekwondo: Un monto de 65.2 millones de pesos autorizado por Conade sin comprobar la prestación de servicios de 13 proveedores para eventos realizados en Guadalajara.
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora: Registra tres observaciones que suman 55.6 millones de pesos.
- Pagos fuera de norma a medallistas: La ASF identificó 26.4 millones de pesos destinados a pagos vitalicios para 212 medallistas olímpicos y paralímpicos, concepto no contemplado en las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte.
Las indagatorias de la Cuenta Pública 2022 abarcan también irregularidades en el Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, la Federación Mexicana de Voleibol y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte. Corresponderá ahora a la FGR deslindar las responsabilidades penales en contra de los funcionarios involucrados en la administración del deporte nacional.