CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de una investigación de oficio sobre las contrataciones públicas realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) entre los años 2000 y 2025. La medida responde a la detección de posibles «múltiples irregularidades históricas» en el ejercicio del gasto público.
A través de un comunicado oficial, el órgano fiscalizador detalló que ejecutará una auditoría integral tanto al INE como a la totalidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) ante sospechas de anomalías sistemáticas en la adjudicación de convenios.
Las tres líneas de investigación de la ASF
La indagatoria desarrollada por la ASF se articula en tres ejes de trabajo principales:
- Investigación de oficio: Revisión exhaustiva de las contrataciones públicas del INE, el IFE y los 32 OPLEs.
- Estudio histórico de adquisiciones (2000-2025): Análisis orientado a mapear patrones de contratación, concentración de contratos en proveedores específicos y presuntas prácticas ilegales cometidas por grupos empresariales o servidores públicos.
- Auditoría integral y gasto federalizado: Fiscalización completa del presupuesto ejercido por el INE y de los recursos federales destinados a los organismos electorales locales.
Hallazgos clave: MÁS de 8,800 MDE bajo sospecha
Durante la entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló los primeros indicios de estas maniobras. Se identificó a dos grupos empresariales que concentraron operaciones por un total de 8,870.3 millones de pesos con diversas dependencias públicas entre 2014 y 2026.
De dicha bolsa millonaria, 3,790.3 millones de pesos correspondieron directamente a contratos otorgados por organismos electorales locales.
«Tenemos como línea de investigación las posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en precios y condiciones en daño al erario público», precisó Hernández Palacios Cardel.
El respaldo institucional y el llamado de la Presidencia
Esta acción fiscalizadora ocurre días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara públicamente una revisión profunda a las finanzas del órgano electoral, abarcando tanto la actual gestión de Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores.
«La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos (…) tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente», afirmó la mandataria, asegurando que el objetivo es que «salga a la luz todo».
Por su parte, la ASF enfatizó que estas decisiones derivan de labores de inteligencia financiera y análisis de información solicitada a las entidades federativas, reiterando que actuará con rigor técnico, independencia y apego a la legalidad.