CIUDAD DE MÉXICO.— A un año de dejar su cargo tras la entrada en funciones de la nueva integración del máximo tribunal, la ministra en retiro Norma Piña Hernández reapareció públicamente durante una conferencia en la Escuela Libre de Derecho. Durante su intervención, criticó con dureza la reciente reforma judicial, cuestionó la falta de diagnósticos en su aprobación y denunció que las acusaciones lanzadas contra los juzgadores carecieron de pruebas.

Al inicio de la ponencia, Piña bromeó sobre las hojas de apoyo que llevaba consigo, haciendo alusión a los señalados «acordeones» utilizados en la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte.

“Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos, y más los abogados, siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero bueno, como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón, ¿verdad?… Entonces hay que adaptarse, ya vengo con acordeón”.

Falta de diagnóstico y defensa de la meritocracia

La jurista sostuvo que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se aprobó sin un análisis riguroso del sistema de impartición de justicia. Aseguró que la pronta necesidad de aprobar cambios secundarios, antes de cumplirse el primer año de la modificación constitucional, es una prueba clara de las deficiencias del texto original.

Asimismo, defendió que la carrera judicial y la meritocracia no deben verse como privilegios para los juzgadores, sino como garantías fundamentales para la ciudadanía, al asegurar la presencia de perfiles imparciales que no deban su cargo a ningún grupo político.

Señalamientos y focos rojos

Piña denunció que el Poder Judicial enfrentó durante más de seis años una campaña constante de descalificaciones sistemáticas impulsada desde el Ejecutivo federal. Afirmó que la narrativa oficial promovió acusaciones de corrupción y nepotismo generalizado sin presentar evidencias jurídicas concretas.

Para finalizar, la ministra en retiro señaló como «focos rojos» la incautación de los fideicomisos judiciales y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, advirtiendo que este tipo de medidas debilitan al juicio de amparo como herramienta de defensa ciudadana y deterioran la certidumbre necesaria para las inversiones en el país.