El uso de gas lacrimógeno y chorros de agua a presión por parte de fuerzas antimotines dejó un saldo de 28 agentes heridos, manifestantes lesionados y duras exigencias de universidades y partidos políticos para liberar a los arrestados y evitar la criminalización de la protesta.
GUADALAJARA, JALISCO.– Lo que comenzó como una multitudinaria exigencia de justicia ambiental terminó en un severo enfrentamiento. Una megamarcha ciudadana convocada este domingo para exigir el suministro de agua potable y de calidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) culminó en un ríspido choque entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente a Casa Jalisco, con un balance oficial de 39 personas detenidas y 28 policías lesionados.
Alrededor de 10 mil personas marcharon de forma pacífica desde la emblemática Glorieta de La Minerva hacia la residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro. Los inconformes salieron a las calles para denunciar que desde hace meses reciben en sus hogares agua turbia, con fétidos olores y sedimentos. Con pancartas y proclamas como “¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, “¡Queremos agua, no represión!” y “¡No es desfile, es protesta!”, los contingentes exigieron soluciones estructurales a la crisis hídrica y el rechazo a cualquier intento de privatización del recurso.
Escalada de violencia y repliegue antimotines
La tensión se desbordó pasadas las 13:00 horas, cuando el contingente principal arribó a Casa Jalisco. Según el reporte de las autoridades estatales, un grupo de aproximadamente 400 personas con el rostro cubierto irrumpió en la vanguardia e intentó derribar el cerco de vallas metálicas que resguardaba el inmueble gubernamental.
Para contener la irrupción, la policía estatal desplegó un equipo antimotines que dispersó a la multitud utilizando gas lacrimógeno y chorros de agua a presión mediante camiones cisterna. El operativo desató momentos de pánico y confusión entre los asistentes, afectando a familias, niños y adultos mayores que se encontraban en el sitio, además de dejar varios manifestantes con contusiones y síntomas de asfixia.
Por su parte, el Ejecutivo estatal informó que los enfrentamientos dejaron 28 elementos policiales lesionados, dos de ellos de gravedad: uno presentó fracturas de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro sufrió la amputación de un dedo.
El operativo concluyó con la aprehensión de 21 hombres y 18 mujeres, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La administración estatal aseguró que 16 observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) atestiguaron los arrestos y traslados.
Exigen paradero y liberación inmediata de universitarios y activistas
La actuación policial generó de inmediato una ola de indignación y el rechazo de instituciones educativas y fuerzas políticas, que denunciaron falta de transparencia e irregularidades en el paradero de los aprehendidos. En redes sociales circularon versiones sobre la retención ilegal de al menos 20 personas en el interior de la residencia oficial.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), mediante un pronunciamiento firmado por su rector, Alexander Paul Zatyrka Pacheco, y el presidente de ITESO, AC, Francisco Javier Arizti Galnares, confirmó que miembros de su comunidad universitaria se encuentran entre los arrestados. La institución exigió el pleno respeto a los derechos humanos, el apego estricto a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la entrega inmediata de la lista con los nombres, estado de salud y cargos imputados a los detenidos.
En la misma línea, la Universidad de Guadalajara (UdeG) reportó la detención de al menos tres de sus estudiantes y exigió garantizar su integridad física y su pronta puesta en libertad.
A las exigencias se sumaron diputados del partido local Hagamos, quienes aseguraron que varios de los arrestados no figuran en las listas oficiales ni en los separos. «Protestar no es un delito», sentenciaron. Asimismo, Morena demandó transparentar la ubicación de los ciudadanos aprehendidos y exhortó al gobierno de Pablo Lemus a entablar mesas de diálogo para resolver la contaminación del suministro hídrico en lugar de recurrir a la fuerza pública.