Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió de forma contundente al gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, luego de que autoridades de esa entidad pretendieran atribuirse la soberanía de nueve islas ubicadas en el cauce del río Bravo, en las cercanías de la ciudad de Laredo.
A través de una nota informativa emitida este viernes, la Cancillería mexicana precisó los alcances del derecho internacional y la validez de los tratados bilaterales frente a las decisiones de gobiernos locales.
«La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional», enfatizó la SRE en su comunicado.
El reclamo de Texas
La controversia inició el pasado 26 de octubre, cuando Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, sostuvo que tras una revisión se determinó que nueve islas en el cauce del río Bravo pertenecen al estado de Texas. Las porciones de tierra fueron identificadas como Nixon, La Bota, Tex Mex 2, McKendricks, Lost Boot, Clark, Zachary, Miller 1 y Miller 2.
La funcionaria texana argumentó que la titularidad de estas tierras permaneció en incertidumbre durante años, lo cual obstaculizaba la vigilancia policial. Tras la delimitación impulsada por Texas, aseguró que las fuerzas de seguridad estatales podrán desplegarse en la zona.
«El terreno de Texas jamás se convertirá en un refugio seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas u otras organizaciones criminales», aseveró Buckingham al justificar la medida.
CILA, la única autoridad competente
Frente a los señalamientos texanos, la Cancillería mexicana aclaró que el límite fronterizo entre México y Estados Unidos está fijado formalmente en el punto central del cauce del río Bravo, por lo que ninguna autoridad estatal posee la facultad ni las atribuciones para adjudicarse territorios o alterar la delimitación.
«La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución», puntualizó la dependencia federal.
La Cancillería, encabezada por Roberto Velasco, adelantó que mantendrá una vigilancia puntual sobre cualquier eventualidad en el sector fronterizo, al tiempo que recordó que la normativa vigente prohíbe explícitamente a ambos países realizar obras o intervenciones que alteren el curso natural del río Bravo.