CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados federales y liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron este lunes una denuncia formal de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se investiguen sus posibles vínculos con la delincuencia organizada y otros delitos del orden federal.
El recurso legal fue interpuesto en la capital del país por los legisladores Eva María Vásquez Hernández, César Damián Retes y Federico Döring Casar, en compañía del vocero nacional del PAN, Jorge Triana Tena.
Los denunciantes solicitaron al Ministerio Público de la Federación indagar la probable comisión de delitos como delincuencia organizada, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, exigieron la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para auditar el historial financiero, fiscal y contractual ligado a la mandataria.
El caso ‘Vida Orgánica’ y el factor EU
El núcleo de la querella se centra en la participación accionaria que Ávila Olmeda mantuvo en la sociedad mercantil Vida Orgánica. La bancada opositora demandó revisar minuciosamente los contratos públicos asignados a dicha compañía durante el tiempo en que la funcionaria formó parte de la misma, entregando documentación para su análisis pericial y financiero.
La acción judicial se da en un contexto de tensión política generado tras las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el exesposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, a quien agencias estadounidenses señalan por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
«Baja California vive momentos sumamente complejos; desde mayo del año pasado se iniciaron una serie de actuaciones nefastas en la entidad. Queremos que la FGR determine qué información conocía la gobernadora, desde cuándo, qué decisiones tomó y qué hizo o dejó de hacer desde su responsabilidad», aseveró la diputada Eva María Vásquez.
Postura del Gobierno de Baja California
A raíz de las medidas financieras internacionales aplicadas a personas de la región fronteriza, el gobierno estatal anunció una revisión extraordinaria a los padrones de proveedores y contratos vigentes para verificar su apego a la legalidad.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila desestimó las acusaciones e implicaciones en su contra mediante una declaración pública:
«No he proporcionado información que comprometa la seguridad nacional y mi relación familiar previa no interfiere con las funciones de gobierno».