CIUDAD DE MÉXICO.— La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrir una investigación sobre posibles omisiones, irregularidades o actos indebidos cometidos por servidores públicos durante el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato.
El pronunciamiento se da luego de que la empresa operadora, Gas Natural del Noroeste (perteneciente a Grupo SIMSA), afirmara que el producto cuenta con amparo legal bajo el Permiso de Almacenamiento de Petrolíferos PL/19344/ALM/2016, además de contar con autorizaciones federales, estatales y municipales vigentes.
Cuestionan presentación de «decomiso histórico»
El diputado federal panista Daniel Chimal García criticó que las autoridades federales hayan presentado públicamente el operativo como un decomiso histórico de «huachicol», a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aún mantiene abierta la investigación para determinar el origen y la legalidad del hidrocarburo.
“Lejos de brindarnos una explicación, tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum evadiendo ahora el tema. Porque eso sí, muy puesta para dar a conocer la noticia, pero muy mala para darle la explicación a los mexicanos de por qué resultó toda una pifia”, acusó el legislador.
Chimal García cuestionó los procedimientos con los que se calificó el combustible como ilícito y señaló la falta de personas detenidas directamente vinculadas con el aseguramiento. Asimismo, acusó al Gobierno Federal de intentar presume resultados a costa de la reputación de empresas reguladas.
“Lo único que hace la Fiscalía General de la República es tratar de llevarse estrellitas a costa del mal nombre de quienes hacen su trabajo de manera correcta”, aseveró.
Piden revisar a la Marina, Aduanas y Hacienda
Por su parte, la diputada federal Paulina Rubio instó a que las investigaciones sobre el denominado «huachicol fiscal» se extiendan hacia el interior de las propias instituciones encargadas de combatirlo, señalando a la Secretaría de Marina, las agencias aduanales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Rubio pidió esclarecer la actuación de exfuncionarios de la Marina e identificar hasta dónde llegaron las responsabilidades operativas en las redes de contrabando de combustible, criticando que las acciones oficiales se concentren de forma selectiva mientras persisten interrogantes dentro del aparato gubernamental.