La paraestatal solicitó a la Secretaría Anticorrupción investigar a Virginia Guillén Ávalos por presuntas inconsistencias patrimoniales, que incluyen casas, terrenos y autos de lujo.
CIUDAD DE MÉXICO.– Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó este martes 7 de abril una denuncia formal ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, empleada de la institución, con el fin de deslindar responsabilidades administrativas tras el escándalo generado por la ostentosa fiesta de XV años de su hija.
El detonante: Una celebración millonaria
El caso cobró relevancia pública luego de que trascendieran detalles del evento social realizado el pasado mes de marzo en Tabasco. Según estimaciones extraoficiales, el costo de la celebración rondó los 40 millones de pesos, una cifra que contrasta drásticamente con el perfil salarial de la funcionaria.
La fiesta contó con la conducción de la presentadora Galilea Montijo y presentaciones musicales de artistas de talla internacional como Belinda y J Balvin. Guillén Ávalos, quien se desempeña como auxiliar técnico B, percibe un salario neto mensual de aproximadamente 38 mil pesos.
Inconsistencias en el patrimonio
De acuerdo con información revelada por El Universal, la investigación se centra en la omisión de bienes en la declaración patrimonial más reciente de la empleada.
- Ingresos reportados: 581 mil pesos anuales.
- Bienes bajo sospecha: En registros anteriores figuraban casas, terrenos y una camioneta BMW (adquirida en 2014 por 830 mil pesos).
- La irregularidad: En su última declaración, Guillén Ávalos no especificó si dichos bienes fueron vendidos, cedidos o si permanecen en su propiedad, incumpliendo con la normativa de transparencia para servidores públicos.
Además de las omisiones patrimoniales, el escrutinio sobre la funcionaria se intensifica debido a su vínculo con el sector privado. Virginia Guillén es esposa del empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas, quien figura como contratista vigente de la propia paraestatal Pemex.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá determinar ahora si los recursos utilizados para el estilo de vida de la funcionaria y la realización del evento tienen un origen lícito o si existe un conflicto de interés o enriquecimiento ilícito derivado de su posición en la empresa productiva del Estado.
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