CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, denunció que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue víctima de un presunto espionaje ilegal. Esto tras la reciente difusión de un audio en el que la mandataria conversa con personas presuntamente vinculadas a autoridades de Estados Unidos.
Durante una conferencia de prensa, el líder parlamentario urgió a la gobernadora a emprender acciones legales y advirtió que la obtención y divulgación de dicho material constituye un delito que debe ser perseguido por la vía penal.
«Ella ha sido motivo de espionaje ilegal. Yo creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje del cual está siendo objeto», aseveró Monreal Ávila, quien además pronosticó que, de confirmarse el espionaje, podrían filtrarse más grabaciones en los próximos días: «Cuando uno está sometido a un espionaje deleznable, me temo que no va a ser el único audio. Ella debería aclararlo».
El pronunciamiento de Monreal ocurre luego de que el periodista Héctor de Mauleón revelara una grabación atribuida a la mandataria estatal, en la que presuntamente dialoga sobre la posibilidad de compartir información de las mesas de seguridad.
Al respecto, el diputado de Morena fue enfático en señalar que, tras analizar el material disponible, no se desprenden elementos que acrediten una conducta delictiva por parte de la gobernadora, por lo que descartó que deba separarse de su gestión.
- Decisión personal: Monreal puntualizó que una eventual licencia al cargo es una decisión que corresponde única y exclusivamente a Marina del Pilar Ávila.
- Sin uso político: El legislador aseguró que no lucrará políticamente con la situación, aunque aclaró que su postura no es de protección absoluta: «De la grabación no se incluye delito alguno. Sin embargo, tampoco soy defensor de nadie; si hay delitos, que investiguen».
Monreal marca distancia con el caso Chihuahua
Durante el encuentro con los medios, el legislador rechazó categóricamente equiparar este suceso con la investigación abierta en el estado de Chihuahua, donde se indaga la operación no autorizada de agentes estadounidenses en territorio nacional.
A diferencia de lo ocurrido en el estado fronterizo, Monreal argumentó que en el caso de Baja California no existen pruebas de intromisión operativa extranjera:
«Aquí no hubo autorización o complacencia del FBI, de la CIA o de alguna agencia externa; no hubo préstamo de uniformes de la policía estatal para extranjeros», contrastó, recordando que en Chihuahua sí se documentó la presencia física y activa de agentes de EE. UU.
Finalmente, el líder de la bancada guinda hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes para esclarecer el origen de la grabación, insistiendo en que las intervenciones telefónicas y la difusión de conversaciones privadas representan una práctica delictiva que no debe normalizarse en un Estado de derecho.