PUEBLA.- En un revés judicial definitivo para el Congreso de Puebla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal del estado, el cual tipificaba el delito de ciberasedio. Con una mayoría de seis votos, el máximo tribunal ordenó además efectos retroactivos, beneficiando a cualquier persona procesada por esta norma desde su aprobación el pasado 11 de julio de 2025.
La resolución, derivada de la acción de inconstitucionalidad 88/2025 promovida por la CNDH, determina que la redacción de la ley era vaga, ambigua y representaba un riesgo directo para la libertad de expresión y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Un freno a la «arbitrariedad»
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, fue contundente al señalar que la norma vulneraba el principio de taxatividad. Según el ministro, los términos utilizados por los legisladores poblanos no permitían distinguir con claridad qué conductas eran realmente delictivas.
«La vaguedad del tipo penal tiene el potencial de generar incertidumbre… y da lugar a la aplicación arbitraria de la disposición», puntualizó Figueroa Mejía durante la sesión.
El tribunal advirtió que la ley incluía una gama tan amplia de conductas —como la simple «ofensa» o actos de «vigilancia» en redes— que podía generar un efecto inhibitorio (autocensura) entre los usuarios de internet y periodistas, por temor a ser denunciados penalmente bajo criterios subjetivos.
Protección garantizada sin la ley
Ante las críticas de sectores que defendían la norma, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel Mossa aclararon que la invalidez del artículo 480 no deja a los poblanos desprotegidos. Precisaron que el Código Penal local ya cuenta con herramientas vigentes para sancionar delitos específicos y graves como:
- Ciberacoso.
- Espionaje y suplantación de identidad.
- Chantaje a menores.
El contexto político: Del ‘Fast Track’ a la anulación
La denominada «Ley de Ciberasedio» nació envuelta en la polémica. Fue impulsada originalmente por José Luis García Parra (actual coordinador de gabinete del gobernador Alejandro Armenta) y aprobada de forma acelerada por la mayoría de Morena en el Congreso local.
Pese a las advertencias de organismos internacionales como la ONU y organizaciones civiles como Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla, quienes alertaron que la ley era un instrumento de censura, el Legislativo estatal se negó a derogarla. Pavel Gaspar, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, había condicionado la anulación de la norma exclusivamente a un fallo de la SCJN, el cual finalmente se materializó este miércoles.
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