CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció un paquete de sanciones contra 41 servidores públicos involucrados en irregularidades administrativas y financieras que suman un quebranto patrimonial de 20 millones de pesos. Entre las faltas detectadas se encuentran cobros indebidos, nepotismo, desvío de recursos y uso indebido de bienes públicos, derivando en inhabilitaciones de hasta diez años y multas que superan los 22.4 millones de pesos.

Las resoluciones dictaminadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contemplan sanciones severas en distintas dependencias del sector público:

• Birmex: En el caso de mayor cuantía, dos exfuncionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México fueron inhabilitados por diez años y multados con 12.2 y 8.7 millones de pesos tras autorizar cinco facturas entre 2018 y 2019 sin comprobar la prestación de servicios contratados para un sistema de gestión.
• Comisión Federal de Electricidad (CFE): Un empleado fue inhabilitado por una década tras detectársele un incremento patrimonial injustificado de 5.4 millones de pesos. Asimismo, en Coatzacoalcos, Veracruz, un trabajador bajo los efectos del alcohol destruyó un vehículo oficial y equipo hidráulico, recibiendo una multa de 450 mil pesos e inhabilitación por diez años. Por su parte, una trabajadora de la termoeléctrica Presidente Juárez en Ensenada devolverá 273 mil pesos por cobros indebidos de prima vacacional.
• Semarnat: Un funcionario fue destituido, inhabilitado por diez años y sancionado con 700 mil pesos al comprobarse que autorizó viáticos a una empresa privada sin contar con las atribuciones legales para hacerlo.
• AICM: Tres mandos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibieron tres meses de inhabilitación por cancelar de manera irregular la licitación del servicio de limpieza en las Terminales 1 y 2.

Entre los casos adicionales reportados figuran el cobro indebido de salarios mediante listas de asistencia falsas en Tulum, la venta irregular de 37 mil cajas de archivo de Banjército a una recicladora y un conflicto de interés en el IMSS por la contratación de familiares directos. La dependencia reiteró su compromiso de mantener la vigilancia constante y cero tolerancia ante el mal uso de los recursos del Estado.