AGENCIAS.- Una alianza plural en el Senado busca acotar las atribuciones unipersonales en el Instituto Nacional Electoral (INE). Los legisladores Javier Corral y Susana Harp, de la bancada de Morena, sumaron fuerzas con Amalia García, de Movimiento Ciudadano, para presentar una iniciativa que busca revertir las reformas aprobadas en 2024 —impulsadas en su momento por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna— que otorgaron a la presidencia del INE la facultad directa de nombrar a los titulares de las áreas clave del organismo.
La medida aprobada en 2024 permitió a la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, designar a los funcionarios de mando sin necesidad de someter los perfiles al consenso del resto de los integrantes del Consejo General. De acuerdo con posturas de consejeros electorales, como Carla Humphrey, esta atribución centralizó el control operativo y dio margen a la contratación discrecional de servicios y materiales sin previa consulta colegiada.
Los argumentos de la iniciativa
El proyecto plantea modificar el artículo 45 de la LGIPE para restablecer la regla operativa anterior: la presidencia del instituto mantendrá la facultad de proponer a los candidatos para ocupar la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las Unidades Técnicas, pero las designaciones deberán contar con la aprobación del Consejo General, requiriendo históricamente una mayoría calificada de ocho votos.
El documento elaborado por los senadores señala que la concentración de facultades generó designaciones cuestionables que no cumplieron con los perfiles y criterios legales establecidos:
- Falta de requisitos legales: Se destaca el caso del 22 de abril de 2026, cuando se designó a Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad de Fiscalización, a pesar de no cumplir con los cinco años de experiencia directiva requeridos por el artículo 197 de la ley; nombramiento que terminó impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
- Incumplimiento de paridad: Posteriormente, se señala que la presidencia nombró a nueve hombres y una sola mujer al frente de distintas direcciones y unidades técnicas, una decisión impugnada por organizaciones civiles por vulnerar el principio constitucional de paridad de género.
«Las ocasiones en que se ha ejercido esta facultad unipersonal […] han sido controvertidas y cuestionadas tanto a nivel individual, por el incumplimiento de los requisitos legales, calidad y su falta de experiencia de los perfiles, como en su conjunto por la inobservancia de la paridad que debe prevalecer en la integración de la Junta General Ejecutiva», argumenta el texto de la iniciativa.
Retorno a la colegialidad
Los promoventes sostienen que restablecer la exigencia de votación colegiada genera corresponsabilidad entre los consejeros, garantiza la especialización profesional de las personas designadas y reduce la discrecionalidad en la toma de decisiones dentro del órgano garante de las elecciones.