CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los 5.8 millones de dólares recuperados hasta el momento en Estados Unidos, provenientes del litigio civil contra la red empresarial vinculada a Genaro García Luna, se destinarán íntegramente a fortalecer la infraestructura educativa en la región de la Montaña de Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó la restitución de estos recursos como un acto de «justicia social» frente a los esquemas de corrupción, contratos con sobreprecio y cohecho que caracterizaron las operaciones del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

“Estamos llegando a una especie de justicia social, después de todo lo que hemos presenciado”, afirmó la Presidenta.

Precisiones sobre el monto defraudado

Sheinbaum aclaró que las cifras de 528 millones de pesos y 727 millones de dólares identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no corresponden a dinero en cuentas bancarias disponibles, sino a la estimación total del fraude acumulado mediante contratos gubernamentales irregulares. Explicó que el esquema incluía la adquisición de equipo que jamás se entregaba o la compra de bienes a costos significativamente superiores a su valor real.

De la bolsa recuperada, se prevé una inversión aproximada de 100 millones de pesos orientada a planteles de educación media superior, superior y básica en las comunidades de mayor rezago en Guerrero.

“De ese tamaño fue el fraude, la corrupción, el cohecho, todo lo que significó esta red de contratos con altos costos o fraudulentos. Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, sostuvo.

Cuestionamientos al enfoque del caso

La titular del Ejecutivo cuestionó que el debate público sobre García Luna se limite a su condena por narcotráfico en Estados Unidos y se omita su faceta empresarial posterior, en la que utilizó una red de empresas —junto a la familia Weinberg— para realizar negocios ilícitos.

A su vez, la mandataria recordó que el juicio civil fue iniciado en 2019 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador y prometió dar continuidad a las acciones legales para recuperar más activos. Finalmente, criticó el silencio de quienes defendieron al exfuncionario en el pasado, cuestionando la falta de responsabilidad política por parte de la administración federal que lo cobijó.