• 5 de junio de 2026 08:55

Sheinbaum quiere aparecer en la boleta en 2027 y hacer promoción del voto a su favor

Noticias de Actualidad de México y el Mundo -

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma constitucional, denominada como el «Plan B» electoral, que busca transformar las reglas de la revocación de mandato. La propuesta plantea que el ejercicio se realice de manera simultánea con las elecciones federales de 2027 y, de manera inédita, permitiría a la mandataria promover el voto a su favor.

Actualmente, el artículo 134 de la Carta Magna prohíbe estrictamente que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes o voces que impliquen la promoción personalizada de servidores públicos. Asimismo, la ley vigente estipula que la promoción del voto es facultad exclusiva del INE, los partidos políticos y sus candidatos.

Sin embargo, el proyecto de Sheinbaum para reformar el artículo 35 constitucional establece que:

“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

De aprobarse, esto facultaría a la presidenta para hacer campaña activa desde sus conferencias matutinas en Palacio Nacional o eventos públicos, eliminando las restricciones que en 2021 provocaron constantes choques y medidas cautelares entre el entonces presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Elecciones concurrentes en 2027

La iniciativa propone que la consulta se solicite en una sola ocasión tras concluir el segundo o tercer año de gobierno. Al plantearse para 2027, el proceso de revocación coincidiría en las urnas con:

  • La elección de la Cámara de Diputados.
  • Diversos cargos locales a nivel nacional.
  • La segunda etapa de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial.
El precedente de 2021

Esta reforma busca legalizar conductas que anteriormente fueron sancionadas. Durante el proceso de revocación de 2021, el INE dictó múltiples medidas cautelares contra el Ejecutivo por el uso indebido de recursos públicos para incidir en la preferencia ciudadana. Con este cambio legal, la administración actual busca que la «promoción personalizada» deje de ser una infracción durante este ejercicio democrático.


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