CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez de control federal adscrito al Centro de Justicia del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano determinó vincular a proceso penal al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en relación con los 43 normalistas de Ayotzinapa, considerado un crimen de lesa humanidad.
Tras una audiencia de más de 15 horas de debate, la Fiscalía General de la República (FGR) logró sostener la acusación al señalar que existen elementos suficientes para presumir que el exmandatario ordenó ocultar y destruir evidencias clave sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Testimonios y la destrucción de evidencias
La imputación de la FGR se fundamenta principalmente en los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial del estado: la exvisitadora Blanca «N» y la exdirectora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina «N». Según las pruebas presentadas, Blanca «N» habría sustraído un sobre con un disco que contenía grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
En dicho material audiovisual se observaba cómo un autobús con estudiantes normalistas fue interceptado y escoltado por personas armadas y elementos policiales para posteriormente trasbordar a los jóvenes a otra unidad que huyó con rumbo desconocido. De acuerdo con la Fiscalía, la exvisitadora entregó el sobre directamente a Aguirre Rivero la noche del 29 de septiembre de 2014 en las oficinas de la gubernatura. Posteriormente, el exgobernador habría instruido al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para deshacerse del video y destruir toda prueba del acontecimiento.
El móvil presentado por la representación social señala que la orden buscaba encubrir a Ernesto Aguirre, sobrino y asesor del exmandatario, por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Desestimación de la coartada y prisión preventiva
Pese a que la defensa legal del exgobernador aportó 31 datos de prueba para desacreditar los señalamientos —incluyendo registros documentales y testimonios que ubicaban a Aguirre Rivero en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Ciudad de México el 29 de septiembre—, el juez determinó que las pruebas no eran concluyentes para desestimar la acusación en esta etapa procesal.
El impartidor de justicia otorgó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes aportarán nuevos elementos probatorios. Aguirre Rivero, de 70 años de edad, permanecerá recluido en el Penal del Altiplano en prisión preventiva, aunque su defensa adelantó que solicitará la modificación de la medida cautelar hacia prisión domiciliaria argumentando motivos de salud.
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