AGENCIAS.- Una jueza federal vinculó este jueves a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otros siete empresarios y agentes aduanales, por presuntamente ser parte de una red que contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos y ocasionó un daño de más de 166 millones de pesos a la hacienda pública.
Luego de presentar “datos de prueba contundentes”, la resolución fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas.
Luego de más de un día de audiencia, la juez Alejandra Ramírez de la Vega autorizó la continuación del proceso penal contra el exmandatario estatal, el empresario Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo, socio de ambos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
A Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, por delincuencia organizada y contrabando y a José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén, por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La FGR informó que la juez Ramírez De la Vega ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa para los imputados de los cuales Ruffo Appel, Valdés Cuervo, Thompson Navarro, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez permanecerán en el penal de máxima seguridad Altiplano; Bárcenas Guillén en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
De la Peña Ramos y de la Peña Rosales continuarán en prisión domiciliaria por motivos de salud.
Todos fueron detenidos la semana pasada por elementos del gabinete de seguridad del gobierno federal y ninguna de sus audiencias tuvieron presencia de público o medios de comunicación debido a que la FGR solicitó que se realizaran a puerta cerrada, a pesar de que la defensa indicó que prefería transparentar el proceso y permitir el acceso a público y reporteros.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California, junto a Ricardo Thompson Navarro,socio de la empresa Ingemar S.A. de C.V., en la que el exgobernador es socio mayoritario y es investigada por presuntas “operaciones de contrabando de combustible”.