CDMX.-Un juez de federal ordenó a los congresos de las 32 entidades del país abstenerse de armonizar sus constituciones locales al decreto de reforma al Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), informó la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano.
A través de un comunicado, la legisladora informó que la suspensión provisional forma parte de los recursos legales presentados por Movimiento Ciudadano (MC), principalmente de Jorge Álvarez Máynez, entre los cuales se encuentra una petición ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la reforma al Poder Judicial por violaciones al proceso legislativo.
Al analizar los amparos presentados por las diputadas y diputados de MC, Patricia Flores Elizondo, Gustavo de Hoyos Walther, Gildardo Pérez Gabino, así como Laura Ballesteros, un juez de Querétaro, concedió el recurso al considerar irregularidades llevadas a cabo durante el proceso legislativo de la Reforma Judicial por parte del Morena y aliados durante la discusión y aprobación.
“Se concede la suspensión provisional para que se impidan los efectos y consecuencias del decreto referido, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de atender el octavo transitorio del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disipaciones de la Constitución…se abstengan de realizar las adecuaciones a las constituciones para ajustar la reforma judicial durante del plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor”, se lee en la resolución compartida por la legisladora.
De acuerdo con el comunicado, Movimiento Ciudadano presentó elementos como elementos de prueba irregularidades en el proceso legislativo cometidas por la bancada de Morena, como obstáculos contra legisladoras y legisladores de oposición para ingresar el lugar donde se llevó a cabo la sesión (Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca), la falta de verificación de quórum y la falta de verificación de diputados de las y los integrantes en la Cámara de Diputados en el lugar.
En el caso del Senado, se presentaron pruebas relacionadas por la privación ilegal de un senador, mientras que uno más fue rociado de gasolina y otros fueron extorsionados.