El dictamen fue aprobado por 81 votos en favor de Morena, PT y PVEM, y 40 en contra de legisladores PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Cabe destacar que para esta reforma, el oficialismo sólo requería mayoría simple.
Ahora el pleno discutirá las reservas presentadas. Una de ellas es al artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de suprimir el poder de veto que Morena había otorgado a los tres Poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que elaborarán los denominados Comités de Evaluación.
En tribuna, la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, afirmó que los cambios a la Legipe y a la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contenían contradicciones, errores y desconocimiento del texto constitucional.
Ejemplificó que el artículo 105 de la Constitución establece que 90 días antes de un proceso electoral no podrán modificarse las leyes electorales, y en este caso, el INE inició desde el 23 de septiembre el proceso extraordinario para renovar el Poder Judicial.
“Creo que esto exige una revisión y una consideración de fondo, no podemos ir a un proceso electoral, como ya estamos, sin reglas previas, sin una legislación que otorgue certeza a quienes van a participar y a quienes van a decidir. Estamos haciéndola así, sobre las rodillas y simple y sencillamente se va legislando conforme se va requiriendo”, afirmó.
El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que su bancada permitirá la modificación del dictamen para eliminar el veto a las listas de aspirantes. “No va a haber, de ninguna manera, ningún veto para ninguno de los aspirantes”, planteó.
El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que Morena y sus aliados hayan dado trámite frastrack a estos dos proyectos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales dijo que contienen múltiples y graves irregularidades, “comenzando por su presentación y votación en un procedimiento fast track, lo cual ha generado un notable desaseo desde comisiones, incumpliendo con los principios establecidos en el proceso legislativo vulnerando leyes, vulnerando reglamentos orgánicos de este órgano legislativo”.
Mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene la responsabilidad de revisar si una reforma constitucional se ajusta o no a los principios fundamentales de nuestra Constitución.
“Y no lo digo yo, lo dijo y lo dejó muy claro en su momento el ministro ahora en retiro Arturo Zaldívar, enfatizando en un voto particular que una reforma constitucional puede ser declarada inconstitucional si esta reforma viola derechos fundamentales o si altera la estructura esencial de la Constitución de manera que contradiga los principios democráticos que le dan vida”, refirió.
