CIUDAD DE MÉXICO. — A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, emitió una nueva «recomendación reivindicaria» sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El documento reconoce formalmente a 92 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y señala las «deficientes investigaciones» de las autoridades locales y federales.
Sin embargo, a diferencia de la recomendación previa (15VG/2018), este nuevo pronunciamiento destaca por excluir por completo de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar), desestimando las líneas de investigación que apuntaban a una colusión militar.
Exoneración a las Fuerzas Armadas y rechazo a la ‘infiltración’
Tras revisar la actuación militar durante la noche de la desaparición y la controversia en torno a los folios de inteligencia exigidos por los padres de las víctimas, la CNDH concluyó que no existen elementos para inculpar a la institución.
- Sin plan institucional: El organismo determinó que, si bien hubo presencia de soldados en las calles de Iguala, “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos”. Calificó los señalamientos de un plan de «contrainsurgencia» como inexistentes, acotando la responsabilidad a presuntas omisiones «individuales» de los 20 militares actualmente bajo proceso penal.
- El caso López Patoltzin: La CNDH rechazó la versión de que el estudiante desaparecido Julio César López Patoltzin fuera un militar infiltrado. Validando la postura de la Sedena, el organismo afirmó que el joven se matriculó de forma legal y voluntaria.
- Los polémicos folios: Respecto a los 875 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó que eran retenidos, la CNDH respaldó el argumento del Ejército: la numeración correspondía a registros administrativos y solo 10 folios eran relativos al caso, los cuales ya fueron entregados. La Comisión aplaudió la «plena apertura» de la Sedena en la actual y pasada administración.
Duros cuestionamientos al GIEI: ‘Narrativa sensacionalista’
La recomendación lanza severas críticas contra el desempeño del GIEI, el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CNDH calificó como «prácticamente nulas» las aportaciones del GIEI en las labores de búsqueda de los normalistas y acusó al grupo de utilizar una narrativa «sensacionalista» para imponer «agendas externas».
“Se empeñaron en demostrar la responsabilidad del Ejército (sin lograrlo)… se jugó con las narrativas, abonando a la especulación y señalando responsabilidades y culpables que eran, en realidad, fabricaciones”, sentencia el documento de la CNDH, acusando además manipulación hacia las víctimas y la sociedad.
El organismo también desacreditó las hipótesis del GIEI sobre la existencia de un quinto autobús con cargamento de heroína como el móvil del ataque violento.
Autoridades responsables y medidas solicitadas
La CNDH acreditó violaciones como desaparición forzada (40 estudiantes), tortura, ejecución extrajudicial (6 estudiantes) y tratos crueles en agravio de 46 jóvenes. Asimismo, señaló que la entonces PGR y la fiscalía de Guerrero incurrieron en tortura, dilación y estigmatización de las víctimas.
Entre las autoridades señaladas como responsables actuales para subsanar los daños se encuentran:
- Federales: Fiscalía General de la República (FGR), la UEILCA, la CoVAJ, la CEAV, la Comisión Nacional de Búsqueda y la SEP.
- Estatales y Locales: El Gobierno de Guerrero, la fiscalía estatal y las direcciones de seguridad de los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Taxco, Ixcateopan y Tepecoacuilco.
Puntos recomendatorios clave: El organismo formuló once puntos resolutivos, entre los que destacan la inclusión de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para su reparación integral; detener la criminalización digital de los normalistas; agotar las líneas de investigación sobre Tomás Zerón (y concretar su extradición) así como del exgobernador Ángel Aguirre; y crear una comisión de padres para revisar los folios de la Sedena. En el ámbito educativo, urgió a la SEP a fortalecer las escuelas rurales y revisar la narrativa del caso Ayotzinapa en los libros de texto gratuitos.