AGENCIAS.- El plan del Gobierno de Estados Unidos para equipar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con guantes que emiten descargas eléctricas ha desatado una intensa tormenta política e indignación entre legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, mientras que desde la Casa Blanca el liderazgo en materia fronteriza defiende la medida como un método de ‘desescalada’.
El origen de la controversia: El contrato de los guantes ‘G.L.O.V.E.’
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un contrato de hasta 20 millones de dólares para adquirir miles de dispositivos modelo CTG-5, comercializados como G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter / Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje).
Fabricados por la empresa Compliant Technologies LLC (con sede en Lexington, Kentucky), estos guantes cuentan con electrodos integrados en la palma que emiten pulsos eléctricos directo al contacto con la piel, infligiendo dolor instantáneo con el objetivo de someter a las personas. Aunque ya se han implementado en algunas cárceles y departamentos de policía en EE.UU., su futura adopción por parte de agentes migratorios en las calles y centros de detención encendió las alarmas.
La respuesta de la Casa Blanca: ‘Una herramienta menos letal’
Frente a la ola de reclamos, el ‘zar fronterizo’ de la Casa Blanca, Tom Homan, ofreció las primeras declaraciones públicas del gobierno de Donald Trump para respaldar la iniciativa. En entrevista con la cadena Fox News Channel, Homan argumentó que los dispositivos buscan evitar el uso de la violencia armada.
«Es otro dispositivo para ayudar a que alguien cumpla cuando no lo está haciendo. No se puede pasar de 0 a 100 y que lo primero a lo que se recurra sea la fuerza letal», comentó el zar.
Homan equiparó estos guantes a las armas aturdidoras (Tasers) o al gas pimienta, asegurando que permitirán resolver enfrentamientos en las calles y centros de detención de forma no fatal. Sin embargo, aclaró que la puesta en marcha «tomará un tiempo», ya que la agencia aún evalúa la compra y desarrolla los protocolos de capacitación necesarios para sus agentes.
Fuerte rechazo social y legislativo: Piden abonar al fin de ICE
La postura del gobierno contrasta drásticamente con las duras críticas de activistas y congresistas, quienes señalan que equipar a una agencia cuestionada con estas herramientas equivale a otorgar un permiso para el abuso.
- Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), calificó la medida de «repugnante y bárbara», señalando que ICE actúa como «una agencia descontrolada con un fondo opaco de 80 mil millones de dólares», e instó al Congreso a frenar el «cheque en blanco» al organismo.
- Delia Ramírez, congresista demócrata por Illinois, insistió en que «bajo ninguna circunstancia» se puede confiar este equipamiento al DHS. Aprovechó el debate para exigir la aprobación de su proyecto de ley ‘Melt ICE Act’ (‘Derrite al ICE’), diseñado para recortar fondos de detención migratoria.
- Maxwell Alejandro Frost, congresista demócrata por Florida, fustigó el gasto de 20 millones de dólares de los contribuyentes destinados a «matones enmascarados y sin ley».
- Jorge Torres, director de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), acusó a la Administración de tener «la capacidad de torturar a la gente discretamente» y sentenció: «Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición».
La controversia escala en medio de una profunda vigilancia pública sobre el accionar de las fuerzas migratorias. Al menos seis personas han muerto tiroteadas por agentes de inmigración desde el año pasado, lo que ha avivado denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza.
Entre los casos más recientes figuran las muertes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo y del colombiano Johan Durán tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente. Asimismo, los mortales operativos migratorios registrados en enero en Minneapolis —donde fallecieron dos ciudadanos estadounidenses— generaron movilizaciones masivas que continúan manteniendo a la agencia bajo un intenso escrutinio social.