Un informe académico listo para presentarse ante la Fiscalía de La Haya documenta una estrategia sistemática de acoso, ciberarmas militares e impunidad contra 337 víctimas letales y comunicadores en México.
CIUDAD DE MÉXICO.– El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) concluyó que la Corte Penal Internacional (CPI) cuenta con elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación formal contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad mediante una campaña sistemática de persecución, espionaje ilegal y estigmatización contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.
El informe, liderado por la investigadora Lindsay Freeman, plantea la apertura de un examen preliminar ante la Fiscalía de La Haya con base en el Artículo 7 del Estatuto de Roma. De acuerdo con el documento, entre 2018 y 2024 el Estado mexicano articuló un ataque sistemático fundado en cinco mecanismos de represión:
- Estigmatización diaria: Se documentaron 2,827 señalamientos despectivos en 1,437 conferencias matutinas contra la prensa («prensa fifí», «chayoteros», «hampa del periodismo»).
- Ciberacoso coordinado: Uso de redes de bots para el hostigamiento digital de críticos.
- Vigilancia ilegal: Intervención de comunicaciones mediante la adquisición de spyware militar (Pegasus, de NSO Group, y Geomatrix, de Rayzone Group) operado por un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según constatan filtraciones de Guacamaya Leaks e investigaciones de R3D y Citizen Lab.
- Uso punitivo del aparato judicial (lawfare): Instrumentalización de instituciones para amedrentar a comunicadores y activistas.
- Impunidad estructural: Niveles de impunidad judicial que oscilan entre el 93% y el 99%.
Durante dicho sexenio se registraron los asesinatos de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos (337 víctimas directas). El análisis destaca que la agresión verbal desde el Poder Ejecutivo precedió a ataques físicos; entre los casos documentados figura el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva —ocurrido horas después de ser aludido en la conferencia matutina— y el homicidio de Fredid Román en Guerrero, ejecutado tras ser infectado con software malicioso por indagar el caso Ayotzinapa.
El estudio fundamenta la intervención del tribunal internacional en la nueva Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos de la Fiscalía de la CPI, la cual tipifica la vigilancia intrusiva sin orden judicial y las campañas de odio promovidas por el Estado como crímenes de persecución.
La institución académica alistó una plataforma probatoria interactiva con trazabilidad de agresiones y compras de ciberarmas para formalizar la entrega del expediente ante el órgano de justicia internacional en La Haya. De proceder la solicitud, la CPI evaluaría por primera vez en la historia la represión digital y la estigmatización estatal bajo la figura de crimen internacional de lesa humanidad.
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