La propuesta del máximo tribunal busca aligerar la carga de trabajo en la Suprema Corte sin emitir jurisprudencia ni revivir el esquema de las antiguas Salas. El proyecto fue entregado a la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde.

CIUDAD DE MÉXICO.– Las máximas autoridades del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del PJF y a la Ley de Amparo, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, agilizar el desahogo de asuntos jurisdiccionales y otorgar autonomía administrativa y presupuestal a sus órganos superiores.

En conferencia de prensa, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, detalló que el proyecto es resultado de una serie de reuniones de trabajo entre los titulares del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas; del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Celia Maya; del Tribunal Electoral (TEPJF), Gilberto Bátiz; y de la propia SCJN.

La iniciativa formal fue entregada a la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde.

Funcionamiento por Secciones para desahogar la carga laboral

Uno de los ejes centrales de la reforma contempla que la SCJN pueda operar mediante dos Secciones dedicadas exclusivamente a resolver trámites y asuntos recurrentes donde el Pleno ya fijó un criterio firme, los cuales suman entre 250 y 300 casos anuales.

El ministro presidente aclaró que esta medida no representa un retorno al anterior modelo de Salas ni una corrección a la reforma constitucional, sino una herramienta técnica de operatividad:

«Las secciones no podrán generar jurisprudencia ni modificar criterios […]. Se prevé un mecanismo para el caso de asuntos que vienen de manera muy recurrente en la Corte y en los cuales el Pleno ya tiene criterio. Los debates a profundidad seguirán siendo del Pleno», precisó Aguilar.

Autonomía administrativa y austeridad

La iniciativa propone además la creación de un Pleno de Órganos Superiores para coordinar los trabajos de todo el Poder Judicial. En el ámbito financiero, aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) mantendrá la rectoría de los lineamientos generales, cada órgano superior pasará a ser una unidad ejecutora de gasto con facultad para emitir sus propios lineamientos operativos.

Por su parte, la consejera jurídica Luisa María Alcalde aseguró que las modificaciones no generarán mayor burocracia ni costos adicionales. En ese sentido, el ministro Aguilar destacó que el máximo tribunal se encuentra ajustando sus estructuras internas para optimizar el gasto público, lo que ha incluido la eliminación de direcciones administrativas y la supresión de las plazas asignadas a exministros.