El Registro Federal de Estados Unidos ratificó la medida del Departamento del Tesoro, ordenando el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales por presuntos servicios de lavado de dinero para la facción de «El Mayito Flaco».

WASHINGTON, D. C.– El gobierno de Estados Unidos formalizó este martes 6 de octubre la ratificación de las sanciones financieras en contra de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por sus presuntos vínculos operativos y financieros con el Cártel de Sinaloa.

La medida, oficializada mediante su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, contempla el congelamiento inmediato de todos los bienes e intereses patrimoniales del señalado que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición general para que personas o entidades de ese país realicen transacciones con él.

Según la acusación formal emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Torres Torres habría proporcionado «apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes y servicios» a la organización criminal, actuando como un operador político ligado a células vinculadas con «El Ruso», líder del brazo armado de la facción de «Los Mayos» comandada por Ismael Zambada Sicairos, alias «El Mayito Flaco».

La resolución incluye también a un grupo de 14 personas identificadas como parte del círculo cercano del expolítico, entre los que se encuentran su hermano, un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y un exfuncionario federal, acusados de participar en un esquema de lavado de dinero para empresas vinculadas al narcotráfico.

Admite participación accionaria

Tras la difusión del expediente, Torres Torres emitió un comunicado en el que reconoció ser titular del 30 por ciento de las acciones de Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., firma señalada por las autoridades estadounidenses.

Torres Torres sostuvo que los señalamientos en su contra derivan de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 y afirmó que, hasta el momento, no ha sido requerido por autoridades mexicanas para comparecer ni para responder por las acusaciones.