AGENCIAS.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes sobre la detención y vinculación a proceso de 26 personas como parte de una investigación en torno a un esquema de explotación ilícita de plazas gubernamentales, conocidos como “aviadores”.
De acuerdo con la institución, esta red operaba desde el 2021 mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas, o que sin desempeñar el cargo cobraban un salario para sí o para otros.
Estas acciones provocaron un daño al erario del Estado de México superior a los 96 millones de pesos; asimismo, estarían involucrados servidores y exservidores públicos de distintas dependencias. La FGJEM precisó que se ejerció acción penal contra 33 personas; de estas, 27 ya fueron aprehendidas y cinco promovieron juicios de amparo.
En un comunicado se detalló que el pasado 4 de mayo el representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Secti) denunció los hechos al identificar 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes y que los supuestos servidores públicos no ejercían función alguna.
La investigación estableció que en este esquema supuestamente participaron dos subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como coordinadores y delegados administrativos, directores de área y subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad, así como de la Oficialía Mayor (OM) y la SECTI.
Las autoridades identificaron que varios de los involucrados tenían una relación familiar o de estrecha confianza y que los servidores públicos que dejaban sus cargos continuaban en el esquema.
Según el comunicado, había servidores públicos que fungían como «reclutadores» de personas de confianza. Asimismo, a los titulares de las plazas se les entregaba una mínima parte del sueldo, como 6 mil pesos de 200 mil cobrados, mientras que los cabecillas se quedaban con el resto.
Para encubrirse, se realizaban registros durante la madrugada y se instruía a los involucrados a cancelar cuentas y negar cualquier relación con el gobierno ante auditorías.
La investigación establece que los investigados se beneficiaron a sí mismos al asignarse plazas de docentes con sueldos de 50 mil pesos mensuales para asegurar mayores jubilaciones.
Según la fiscalía, los acusados realizaban viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas y China, además de poseer vehículos y accesorios de alta gama que no correspondían a sus ingresos como servidores públicos.