CIUDAD DE MÉXICO.– El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta proceso penal y prisión preventiva tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de participar en una red de importación ilícita de combustible que rebasó en un 550% el volumen que tenía autorizado.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la empresa Ingemar —de la cual el político opositor es socio y secretario del consejo de administración— contaba con un permiso regulatorio para importar 389 millones de litros de diésel y gasolina. Sin embargo, tan solo en 2025, la compañía ingresó al país más de 2 mil 500 millones de litros, dejando un excedente superior a los 2 mil millones de litros considerados por las autoridades como producto no declarado e ilícito.
El hallazgo que destapó la red
La investigación federal tomó fuerza a partir del aseguramiento de 18 millones de litros de combustible localizados en carros tanque de ferrocarril en Coahuila. Al rastrear los pedimentos de importación presentados por Ingemar —empresa constituida en 2018—, las autoridades detectaron que la firma solo declaraba el 10% de la carga real.
Tan solo por ese cargamento decomisado, la FGR calcula que la compañía evadió el pago de 166 millones de pesos en impuestos.
Un esquema en tres fases
La representación social expuso ante la jueza de control que la red de contrabando y distribución operaba en tres etapas clave:
- Importación subdeclarada: Ingreso masivo de petrolíferos al país registrando ante las autoridades volúmenes drásticamente menores a los reales.
- Distribución intermedia: Entrega del hidrocarburo a intermediarios como Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos GMG, y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
- Dispersión al consumidor y triangulación: Colocación del combustible en estaciones de servicio (como Gasolinera Faza) acompañada de triangulaciones financieras y fiscales para blanquear los recursos.
Implicación corporativa y detenciones
La FEMDO sostiene que Ruffo Appel no solo figuraba como accionista, sino que ejercía un «dominio corporativo» desde su posición en el consejo de administración, interviniendo directamente en el diseño y ejecución de la estrategia ilícita.
Junto al exgobernador fue detenido José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de la empresa, además de otros implicados. El pasado 16 de julio se dictó la vinculación a proceso de los primeros detenidos, sumando un total de ocho personas procesadas por este caso.