CIUDAD DE MÉXICO.- En un revés a la impugnación interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE). El nuevo mecanismo permitirá evaluar de manera confidencial y voluntaria a los aspirantes a cargos de elección popular cuando exista un «riesgo razonable» de vínculos con actividades ilícitas.

La resolución ratificó el proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual establece que este procedimiento de control no impone restricciones adicionales a la elegibilidad, no detiene el registro formal de postulaciones ni constituye una sanción de tipo penal.

«No estamos en presencia de una medida que constituya una causa de inelegibilidad o requisito propiamente, sino que es preventivo, informativo y voluntario, lo que evidencia que no existe una restricción a primera vista», argumentó la ponente durante la sesión.

Argumentos del PRI y el fallo de la Corte

La acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada el pasado 2 de junio fue impulsada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El líder partidista sostuvo que la medida afectaba el derecho a ser votado y vulneraba el principio de presunción de inocencia, advirtiendo que negarse a la evaluación podría desatar sospechas o linchamiento público, funcionando como un veto indirecto contra las candidaturas.

Sin embargo, el máximo tribunal determinó que la evaluación carece de carácter vinculante y sus resultados no obligan a rechazar una candidatura. La función de la comisión se limita a remitir las listas de perfiles autorizados por los propios aspirantes y sus partidos a dependencias de inteligencia, seguridad, procuración de justicia y control financiero para la elaboración de un dictamen de riesgo.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, detalló la dinámica operativa del filtro:

«Los partidos mandan la lista de candidatos con la anuencia del candidato y del partido; la Comisión lo turna a las distintas dependencias: Fiscalía General, UIF y otras instancias financieras, quienes hacen el dictamen de riesgo; se lo regresan a la Comisión, y la Comisión se lo devuelve a los partidos y los partidos decidirán si atienden a esa información o no para hacer el registro de candidatos».

Contrapuntos en la discusión judicial

Durante la deliberación en el Pleno, el ministro Giovanni Figueroa planteó una reserva orientada a restringir el flujo informativo. Propuso que las autoridades del ramo de seguridad solo pudiesen reportar indicios de nexos delictivos al INE si estos hubieran sido consignados ante un juez en una solicitud de vinculación a proceso, evitando con ello la interferencia de investigaciones no judicializadas. No obstante, la propuesta no prosperó, por lo que el esquema preventivo se mantuvo en los términos avalados.