CIUDAD DE MÉXICO.– El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios, exservidores públicos del organismo electoral y personas morales. Las acciones legales derivan de la investigación por la probable comisión de delitos como uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas en las indagatorias se encontrarían la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Notificación oficial al Congreso
Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE, hizo formal la notificación la tarde de este viernes mediante un escrito remitido a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Javier Herrera Borunda (PVEM), y de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja (PT).
En el documento, Carvente detalló las ilicitudes denunciadas ante la representación social:
- Delitos denunciados: Uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, cohecho y los que resulten de las investigaciones de la autoridad.
- Procedimientos administrativos: Se emplazó a ocho personas servidoras y exservidoras públicas, así como a una persona moral, a audiencias iniciales por presuntas faltas administrativas graves.
- Próximos pasos: Los expedientes serán remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para la sanción correspondiente.
«En caso de que este OIC advierta hechos que pudieran constituir delitos, continuará con la presentación de las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes», advirtió Carvente Contreras en la misiva.
Red empresarial y contratos millonarios
Las acciones penales y administrativas ocurren tras la comparecencia del titular del OIC ante San Lázaro el pasado 30 de octubre. En dicha presentación, el contralor reveló que entre 2014 y 2025 un grupo de cinco empresas vinculadas entre sí —que simulaban competencia en licitaciones públicas— obtuvo contratos por un total de 2 mil 461 millones de pesos otorgados por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La investigación ubica como articuladores de esta presunta red empresarial a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
El escándalo escaló en días recientes tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, luego de hacerse públicos los señañamientos sobre presuntos vínculos personales con los empresarios beneficiados con las adjudicaciones.