El Consejo General aprobó un paquete de 19 medidas urgentes que incluye auditorías externas, blindaje de documentos, testigos ciudadanos y acciones legales por presuntas irregularidades en compras de material electoral.
CIUDAD DE MÉXICO.– En una sesión clave para contener una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves un paquete de 19 medidas de emergencia para iniciar una «limpia» administrativa. El plan contempla el inicio de auditorías externas, la preservación inmediata de información contractual y la preparación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que los equipos jurídicos del organismo se encuentran afinando los primeros borradores de la denuncia formal que se presentará ante la FGR. El recurso legal busca que la fiscalía investigue a fondo una supuesta red de empresas y contratistas beneficiados con asignaciones para el suministro de material electoral, entre los que destacan señalamientos vinculados a la actividad empresarial de José Alfredo Hernández Casillas.
«Los detalles prácticamente ya están listos, no vamos a tardar», aseveró Cruz García, precisando que el documento pasa por revisiones minuciosas para garantizar su solidez jurídica. «Se tiene que revisar con toda puntualidad para que las investigaciones no se limiten a una sola persona y se determinen las responsabilidades penales de funcionarios o particulares involucrados.»
Las 19 medidas: Auditorías de 10 años, blindaje e informantes
El acuerdo aprobado por el órgano electoral establece una hoja de ruta estricta para fiscalizar las compras, proteger evidencias de posibles destrucciones y transparentar futuras asignaciones.
| Eje de acción | Medida implementada |
| Fiscalización federal | Solicitud prioritaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar legalidad, gestión y desempeño en adquisiciones y servicios prestados del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026. |
| Auditoría externa y rescisión | Contratación de auditorías independientes a todos los contratos vigentes. De confirmarse anomalías, se procederá a la rescisión legal inmediata. |
| Resguardo documental | Orden de preservación obligatoria e inmediata a todas las áreas del instituto sobre cualquier expediente administrativo o financiero. |
| Mecanismo de denuncia confidencial | Creación de una plataforma informática segura para que servidores públicos aporten evidencias y hallazgos con protección de datos e identidad. |
| Inventario exhaustivo | Plazo de 5 días hábiles a la Secretaría Ejecutiva para mapear todas las contrataciones del periodo por proveedor, monto, entregables e incumplimientos. |
| Testigos sociales | Inclusión obligatoria de observadores ciudadanos en todas las licitaciones y contrataciones pendientes del presente ejercicio fiscal. |
‘Súper facultades’, la causa estructural de la crisis
Durante el debate en el pleno, el consejero Arturo Castillo señaló de manera directa a la reforma legislativa promovida por Morena en el Congreso —la cual otorgó a la presidencia del INE atribuciones unilaterales para designar a funcionarios de mando— como el origen del descontrol administrativo.
«Esta súper facultad fue, simplemente, mortal para efectos de la vigilancia; quedamos simple y sencillamente fuera de toda posibilidad de vigilar cómo funcionaba la administración de la institución y esto fue un factor muy relevante para que el día de hoy estemos en la crisis en la que estamos», recriminó Castillo. Asimismo, lanzó un llamado a la FGR para que inicie diligencias de oficio y determine si procede la aplicación del artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa.
Con estas determinaciones, el INE instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración y a las juntas locales y distritales a colaborar sin reservas con las autoridades fiscalizadoras, en un intento por recuperar la confianza ciudadana y deslindar responsabilidades administrativas y penales.