CIUDAD DE MÉXICO – Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados han comenzado la ruta crítica para aprobar el proyecto de dictamen del «Plan B» propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. El documento, que ya circula entre los legisladores, mantiene los términos enviados por el Senado y pone el foco en una reestructuración profunda del gasto público y la composición de los ayuntamientos.
El dictamen será discutido y votado en comisiones el próximo martes 7 de abril, con la intención de subirlo al pleno de San Lázaro el miércoles 8.
La reforma plantea modificaciones clave a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Ayuntamientos acotados: Se establece que cada municipio tendrá una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, buscando evitar estructuras «sobredimensionadas». Estas deberán integrarse bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva.
- Tope a Congresos Locales: El presupuesto anual de las legislaturas estatales no podrá exceder el 0.7% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad federativa.
- Ahorros para obra pública: Un artículo transitorio estipula que los ahorros generados por estas reducciones en estados y municipios permanecerán en la hacienda pública local, destinados exclusivamente a infraestructura pública.
Fin a los privilegios salariales y seguros privados
En línea con la política de «Austeridad Republicana», la reforma al artículo 134 prohíbe que consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, ganen más que la Presidenta de la República.
Asimismo, se veta de forma estricta la contratación con recursos públicos de:
- Seguros de gastos médicos mayores.
- Seguros de vida o pensiones privadas.
- Cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro fuera de la ley.
«Es necesario revisar de manera profunda y ética cómo se ejerce el gasto público, enfocándose en la racionalización del poder y la eficiencia institucional», señalan las comisiones en las consideraciones del dictamen.
El Senado también se «aprieta el cinturón»
El proyecto incluye un mandato de ajuste progresivo para la Cámara Alta. El presupuesto del Senado de la República deberá reducirse un 15% en términos reales durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, tomando como base el presupuesto de 2026.
Lo que quedó fuera: Revocación de Mandato
A pesar de que el documento de 76 páginas aún contiene argumentos sobre el artículo 35 constitucional, la propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027 no prosperó en el Senado. Por lo tanto, el dictamen que votarán los diputados omite esta modificación, centrándose exclusivamente en la disciplina financiera y la reingeniería administrativa.
De aprobarse el miércoles en el pleno, la reforma pasaría a los congresos estatales para cumplir con el proceso de constitucionalidad, consolidando el marco legal de la administración de Sheinbaum para el control del gasto en los tres niveles de gobierno.