CIUDAD DE MÉXICO.– Con 36 votos a favor de Morena y sus aliados, 12 en contra y una abstención, las comisiones unidas de Justicia, Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron el dictamen de reforma a la Ley Federal de Protección Industrial. La iniciativa, que busca frenar la piratería y el fraude, pasó al pleno para su discusión tras ser ajustada de último momento ante las acusaciones de vulnerar la libertad de expresión a través de parodias y «memes».

El punto central de la polémica se enfocó en el artículo 403 Bis. Originalmente, el texto contemplaba penas de hasta 7 años de prisión a quien utilizara la imagen del Gobierno. Sin embargo, ante el rechazo de la oposición, el senador morenista Javier Corral propuso matizar la redacción para acotar el delito.

La modificación plantea imponer de 1 a 5 años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien reproduzca o imite la identidad gráfica institucional en dominios electrónicos o documentos oficiales a escala comercial, con el objetivo explícito de inducir al error o cometer un delito.

«Cuántas veces no nos hemos encontrado en el manejo inventado de portales con logos del gobierno para pedir depósitos o prometer acciones de Pemex. Se trata de evitar la inducción al engaño, no de hacer una reyerta política,» argumentó Javier Corral al defender el cambio técnico.

Oposición mantiene rechazo

A pesar del ajuste, los legisladores de oposición votaron en contra al señalar que el texto sigue dejando vacíos legales que podrían afectar a creadores de contenido, satíricos e influencers.

La senadora por Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, advirtió que la redacción sobre el «beneficio económico» o «uso comercial» genera incertidumbre sobre quienes lucran legítimamente con la parodia:

«Nadie puede pensar que las parodias o los contenidos de influencers deban sancionarse solo porque abiertamente monetizan y reciben un beneficio económico. La modificación no resuelve en gran medida el problema,» sostuvo Barrales.

El dictamen impulsado por el Ejecutivo Federal continuará su proceso legislativo en el pleno de la Cámara Alta, donde se prevé un debate álgido entre la bancada oficialista y la oposición sobre los alcances reales de esta regulación.