En su mañanera de este lunes, la mandataria federal detalló que ese artículo establece en su fracción primera que “el amparo es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Frente a ello, la jefa del Ejecutivo cuestionó: “¿A poco no es claro el artículo 61 de la ley de amparo? ¡Es clarísimo! (…) Es muy fácil decir que la presidenta ‘está en desacato’, no, no estamos en desacato”.
Indicó que una vez que sea notificada de la resolución de la jueza Juárez Salas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal enviará una pregunta al Congreso de la Unión para saber si se tiene facultades para eliminar del DOF la reforma judicial.
En días pasados, la jueza Juárez Salas del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, otorgó una suspensión en la que ordenó a la presidenta Sheinbaum retirar del DOF la publicación de la reforma al Poder Judicial.
La jueza otorgó un plazo de 24 horas para cumplir la orden, advirtiendo que, de no acatarla, se daría vista al Ministerio Público federal por desacato, un delito que podría acarrear hasta siete años de prisión.
La mandataria subrayó que la jueza aceptó un trámite promovido por instancias que no tienen facultad para presentar esos procesos de inconstitucionalidad, como partidos políticos.
Remarcó que la reforma al Poder Judicial, al ser constitucional, cumplió con todos los lineamientos que se marcan para modificar la Constitución, por lo que la reforma es legal
“Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el estado de derecho son ellos y ellas”, aseveró.
Al preguntarle si ve viable un juicio político en contra de Juárez Salas, la mandataria respondió que no se trata de eso, y únicamente se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Porque desde nuestro punto de vista no está en sus funciones (de la juzgadora) esta suspensión, que lo analice el CJF, no vamos a entrar nosotros a juicios políticos. Los mexicanos queremos que avance este proceso”.
Sheinbaum descartó que esta resolución sea un intento de golpe de Estado blando o el llamado lawfare (guerra legal) —que se han dado en otras naciones de América Latina con gobiernos progresistas desde los sectores judiciales.
Consideró en cambio que se trata de una intentona de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros de mantener sus privilegios.
En torno a las primeras declaraciones que dieron en su ejercicio de conferencias matutinas que desde hoy realizan integrantes del Poder Judicial, la jefa del Ejecutivo fue clara: “ya hubo una reforma constitucional, ya es parte de la Constitución”.
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