La Consejería Jurídica de Presidencia se lanzó el miércoles contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la Segunda Sala votara en contra de retirar la suspensión de la primera parte del Plan B de Reforma Electoral.
Dicha determinación exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal”, apuntó la Consejería.
“La ley dejó de ser la ley para algunos ministros, pues, con su actuar, vacían de contenido el artículo 64 de la Ley Reglamentaria y contravienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan los procedimientos constitucionales”, detalló.
“La imparcialidad constituye el principio de mayor valor en todo sistema judicial. Si los jueces no cumplen este principio, no existirá justicia. Los integrantes del tribunal constitucional tienen la obligación de actuar en todo momento con imparcialidad para garantizar al pueblo de México que puede confiar en su labor; de ello dependerá conservar o perder su legitimidad”, se lee en el posicionamiento
Por mayoría de tres votos se desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que proponía revocar la suspensión del Plan B durante las elecciones del Estado de México y Coahuila., que se realizarán en el mes de junio próximo
Fueron los ministros de la Corte Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, quienes votaron contra levantar la suspensión.
Presidencia arremetió contra el ministro Alberto Pérez Dayán, quien emitió la suspensión de la reforma el pasado 20 de febrero.
“La determinación exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron la resolución cuestionada, ya que su juicio será evidentemente parcial a favor de su criterio”, explicó la Consejería.
“Es una cuestión de ética judicial que el ministro Pérez Dayán no observó, pues, al ser juez y parte, estaba obligado a excusarse para no participar en la votación de un asunto en el que se proponía revocar su resolución”, puntualizó.
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